Qué cambió con esta ley
Antes de la Ley Soto, la prescripción de los delitos se determinaba con base en un sistema más largo y complejo. La prescripción podía extenderse de acuerdo con el máximo de la pena del delito y una mitad adicional. Esto significaba que mientras más grave era el delito, más tiempo se tenía para juzgarlo.
Con la Ley 31751, el plazo de suspensión de la prescripción se redujo a un año en todo caso. Esto quiere decir que, tras la formalización de una investigación penal, solo se cuenta un año para suspender la prescripción, lo que en la práctica puede reducir considerablemente el tiempo en que un delito puede seguir siendo procesado.
Por qué generó tanta controversia
La Ley Soto generó rechazo entre muchas voces de la sociedad, jueces, fiscales y expertos. La crítica principal es que puede favorecer a personas con procesos penales largos y hacer que delitos graves prescriban antes de que se dicte una sentencia. Para algunos, esto significa que delincuentes, incluidos políticos investigados, pueden quedar sin ser juzgados.
Dirigentes, abogados y algunos especialistas llegaron incluso a calificarla de “ley pro-crimen” porque facilitaría el archivo de casos y debilitara la acción de la justicia en delitos que afectan gravemente a la sociedad.