Hace dos años Chile vivió un eufórico momento constitucional. Fue producto del denominado estallido social del año 2019, cuando el país se vio envuelto en una serie de violentas protestas que se prolongaron por más de un año y que crisparon el ambiente político, social y económico del país.

Ese proceso constitucional se legitimó con una contundente participación en el plebiscito de entrada, que alcanzó 80% de aprobación en octubre de 2020. Luego hubo un proceso de campaña que incorporó nuevas reglas electorales para el sistema político chileno, como lo fue la paridad, la incorporación de listas de independientes que competían en igualdad de condiciones que las listas de los partidos políticos y un alto número de escaños para pueblos originarios. El resultado fue la elección de 155 constituyentes que tenían un año de plazo para redactar una nueva Constitución.

Un poco de historia

La composición de ese órgano estuvo muy cargada a la izquierda, con 101 representantes entre los de oposición (en ese entonces al gobierno de Sebastián Piñera) e independientes. Los protagonistas fueron los miembros de la Lista del Pueblo, 37 representantes de la derecha y 17 de los pueblos originarios. Siendo ese el panorama, no existía ningún tipo de equilibrio para llegar a acuerdos y los planteamientos de los sectores de derecha o incluso hasta de centroizquierda no eran considerados.

La Convención Constitucional se tornó un espacio de refundación del Estado de Chile y eso fue perturbando a los chilenos y chilenas, quienes durante un año vieron en este órgano una serie de consecutivos escándalos y ridiculeces. Tal fue el caso de un constituyente que salió electo por haber fingido que padecía una tremenda deuda producto del cáncer, personas que asistían disfrazadas, se desnudaban, cambiaban la letra del himno nacional o votaban de manera remota desde la ducha de su casa. Ese era el ambiente en la Convención Constitucional. A su vez esto se graficaba en la redacción de un texto maximalista y partisano que poco a poco fue teniendo más y más detractores. Este contexto, entre el ridículo en el espacio público y la mala calidad jurídica del texto, le valieron que se popularizara el nombre de circo constitucional.

El primero en levantar fuertemente la voz y remecer el ambiente político y ciudadano respecto de lo que estaba pasando en la Convención Constitucional fue el Movimiento Amarillos por Chile, en febrero de 2022. Desde entonces, la opción del rechazo al texto constitucional comenzó a convocar no solo a sectores de derecha, sino a parte del centro político.

El rechazo y la grieta

El 4 de septiembre del 2022, los chilenos rechazaron la propuesta de nueva Constitución con un 62% en una elección de voto obligatorio. Sin embargo, la clase política tenía la convicción de que Chile debía tener una nueva Constitución, ya que el pueblo así lo había decretado en el plebiscito del año 2020. Por lo tanto, se instaló que la idea colectiva de una nueva carta magna no debía fracasar.

Se creó la Mesa de Diálogo Constitucional, compuesta por todos los partidos políticos con representación parlamentaria con excepción del Partido Republicano, que se autoexcluyó de ese proceso. Luego de algunos meses, los acuerdos de esa mesa fueron contundentes y transversales. El nuevo proceso constitucional tendría 12 principios bases (los denominados bordes), un Comité de Expertos integrado por 24 personas designadas por los partidos políticos y ratificados por el Congreso, un Comité Técnico de Admisibilidad que cumpliría el rol de árbitro del cumplimiento de las bases y un Consejo Constitucional de 50 miembros electos mediante elecciones con voto obligatorio. A este marco de trabajo se le llamó el Acuerdo por Chile.

El tibio entusiasmo

Luego del Acuerdo por Chile, las encuestas marcaron una tendencia distinta a la efervescencia del primer proceso. Lo constitucional pasó a un segundo plano, posicionándose como una baja prioridad entre las preocupaciones de los chilenos, en un contexto en que la delincuencia ha tomado la agenda mediática. Las expectativas en la nueva Constitución cayeron de manera significativa y en distintas encuestas se reflejó que un nuevo texto no mejoraría ni la confianza en las instituciones, ni la calidad de vida de las personas, ni la situación del país o personal.

El Comité de Expertos inició su trabajo en enero de este año y durante los primeros meses preparó un borrador de trabajo para los futuros consejeros constitucionales con el fin de tener un primer sustento con las reglas que se establecieron.

En paralelo, se inició la carrera por la elección del Consejo Constitucional, la cual iniciada la campaña se centró en temas más allá de lo propiamente constitucional. Hasta el mismo presidente Gabriel Boric señaló a través de su cuenta de Twitter que esta parecía más una campaña presidencial. Los temas de seguridad y delincuencia fueron los elegidos por los candidatos de los sectores de derecha, y hacia la izquierda, los elegidos fueron las garantías de los derechos sociales. Tanto así, que la Cámara de Diputados se pronunció para que el Gobierno se involucrara en algún tipo de campaña informativa, cosa que no ocurrió.

Lectura de los resultados

El domingo 7 de mayo fueron las elecciones para el Consejo Constitucional. Se realizaron por circunscripción, es decir, con candidatos por cada una de las 16 regiones del país, al igual que en el Senado. Fue una elección con voto obligatorio y paridad.

Las cinco listas se conformaron de la siguiente manera: 1) Partido Republicano, 2) Chile Seguro, 3) Partido de la Gente, 4) Todos por Chile, 5) Unidad para Chile. En un intento por definir estas listas dentro del eje derecha-izquierda, se ubicarían a la derecha las listas 1, 2 y 3, y a la izquierda las listas 4 y 5, aunque por cierto con posiciones hacia el centro.

El resultado dio un contundente triunfo a la derecha chilena y en especial al Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, quien fue contrincante de Gabriel Boric en las pasadas elecciones presidenciales. Este partido obtuvo 23 de los 50 escaños, lo cual, aparte del amplio triunfo, tiene un elemento relevante: ellos no firmaron el Acuerdo por Chile y se han desmarcado siempre de la idea de hacer una nueva Constitución. Esto ha puesto en tensión los días posteriores a la elección.

Luego, la lista Unidad para Chile, la lista del Gobierno, obtuvo 16 escaños. Y la lista Chile Seguro, también de los sectores de derecha y centroderecha, obtuvo 11 escaños. Los grandes perdedores fueron la lista Unidad para Chile, que iba representada por los partidos de la ex-Concertación que hoy están en la coalición de gobierno y el Partido de la Gente. Ninguna de estas obtuvo escaños.

Conclusiones

Con los elementos que tenemos podemos sacar algunas conclusiones preliminares. La primera es que los chilenos le dieron un apoyo contundente a un sector político de derecha que se asocia con el restablecimiento del orden, la seguridad y el cumplimiento de la ley. Lo segundo es un rechazo a la gestión del gobierno y a su primera propuesta constitucional asociada con la refundación del Estado chileno y con la validación de la violencia por varios sectores políticos del país.

Lo tercero es un golpe duro para el socialismo democrático, que hoy, además de encontrarse derrotado, sigue perteneciendo al gobierno en una posición incómoda. Y cuarto es el vacío en la representación del centro político, que se muestra como un desafío de construcción o valoración para partidos que recién nacen, como Amarillos por Chile o incluso para descolgados de otros sectores que han visto en el resultado de esta elección el vivo impacto de la polarización política en el país.

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Pilar Peña D’Ardaillon / Diálogo Político
Cientista política. Vicepresidenta del Partido Amarillos por Chile. Directora de Postgrado de la Facultad de Educación, Universidad San Sebastián.

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