♦ Como un hecho sin precedentes, Donald Trump, al intentar ser reelegido presidente, desató toda una furibunda campaña acusando de fraude y cuestionando los resultados que le fueron adversos, con lo que desató una ola de violencia de parte de sus seguidores, que no paró hasta el asalto al propio Capitolio. Era azuzar el fraude, para ganar a como dé lugar.

En el Perú, la frustración y decepción de los continuos gobiernos y Parlamento ha instalado, en la mente del ciudadano, que todo en el Estado es corrupto y nada que salga de él se puede hacer bien. En ese campo abonado, discursos sobre el fraude florecen rápidamente. Se corta, irresponsablemente, el mínimo acuerdo del respeto de las reglas y las instituciones.

Discurso que tiene el peor escenario, en un resultado ajustado, como ocurrió en 1962 y el 2016. En ambos casos, se desconoció el resultado, que provocó un golpe de Estado y la oposición obstruccionista que sumió al país en la ingobernabilidad, respectivamente.

La única vez que ha habido fraude en el Perú fue con motivo de la tercera inconstitucional reelección de Alberto Fujimori, en el 2000. Para ello, el gobierno capturó a los organismos electorales y corrompió a sus autoridades, como lo había hecho con otras. Tal fue el proceso electoral con cancha inclinada que la misión de observación electoral de la OEA se retiró antes de la segunda vuelta.

En esta oportunidad, desde ambas candidaturas, se está acusando de fraude con el insano objetivo que, si los resultados no son favorables, desconocerlos. Para ello, bajo argumentos risibles, se acusa a los titulares de ONPE y JNE de tener vínculos y favorecer a uno u otro candidato. Los que acusan, irresponsablemente, saben que tienen un campo abonado. Ninguna de las supuestas evidencias es sólida. Como hemos dicho, el fraude requiere la captura de los organismos electorales para un universo de votantes de 25 millones.

La autoridad el día de la jornada electoral son los miembros de mesa que, a su vez, son sorteados entre todos los ciudadanos. El conteo de votos se realiza en mesa y se traslada al acta. Estas son las que valen. Si se encuentran votos que no han sido destruidos por ley, no tienen validez. El ingreso al centro de cómputo se hace bajo un programa que conocen los personeros. La resolución sobre actas observadas tiene respuestas ya advertidas en el reglamento. El jefe de ONPE y presidente del JNE tienen muy poco que ver directamente en el proceso. Pero, además, las elecciones han sido observadas internacionalmente. En los informes presentados, no ha habido una sola frase, en relación con el peligro de fraude. Este no habrá, pero lamentablemente los acusadores manchan un proceso electoral, sin importarles que le hacen daño, no solo al árbitro del juego, sino al sistema democrático. No asaltarán ningún Capitolio, pero se les nota las caras pintadas con cuernos (El Comercio, lunes 24 de mayo del 2021).

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