Las protestas han causado el cierre de los aeropuertos de Cuzco, Puno y Arequipa; el bloqueo de vías y un incendio. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido piden investigaciones imparciales al medio centenar de personas fallecidas en las manifestaciones.
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Sigue la ola de protestas en Perú. La marcha de Lima, en la que miles de personas piden que cese la muerte de personas y que renuncie la presidenta Dina Boluarte, ha culminado en numerosos enfrentamientos y un espectacular incendio.
Según informó el general Víctor Zanabria, jefe policial de Lima, se desplegaron 12.000 policías en la capital, un número no determinado de militares y cerca de 300 automóviles con el fin de controlar cualquier disturbio en la capital del país donde viven más de 10 millones de personas.
En Lima se marchó en el centro de la ciudad donde está ubicada la plaza San Martín, en los alrededores del Congreso, el Palacio de gobierno, en la sede del Poder Judicial, la Central general de trabajadores del Perú y la plaza 2 de mayo. La marcha llegó al acomodado distrito de Miraflores donde se llegó a la plaza central que se conoce como el parque Kennedy y desde ahí llegaron al centro comercial Larcomar, ubicado frente al malecón que da al Océano Pacífico.
Los que llegaron a la llamada «marcha de los 4 suyos» principalmente vienen de Puno, departamento fronterizo con Bolivia, donde el 9 de enero murieron 20 personas en un día; de Ayacucho, donde murieron 10 personas en un día; de Apurímac, donde murieron 6 personas en un día; y donde también hay víctimas de Arequipa, y La libertad.
También hay delegaciones de Huánuco, Ancash, Lambayeque, Tacna, Moquegua, Junín, Loreto y Cajamarca.
Castillo
En entrevista con Nelida Maquera, periodista de Onda azul de Puno, y que viajo acompañando a las delegaciones a Lima; dijo que debido «a la forma como salió Pedro Castillo, en Puno, no lo han entendido como un golpe de Estado, cuando (Pedro) Castillo cerró el Congreso, la gente aplaudía. Luego que lo detuvieron y destituyeron, le echaron la culpa al Congreso, que es impopular, y por eso ahora, hay mucha indignación porque sienten que lo sacaron ilegalmente».
«Por esa razón en Puno no aceptan otra salida que la renuncia de la presidenta (Boluarte), porque dicen no podemos sentarnos a dialogar con quien nos mandó a matar», explicó. «Hay delegaciones de las zonas quechuas y aymaras de Puno, que normalmente no coinciden entre si, pero que ahora están unidas en protestar contra el gobierno y el Congreso», finalizó.
Al final del día, la presidenta Dina Boluarte hizo un mensaje acompañada del Primer ministro, Alberto Otarola y los ministros de interior, Vicente Romero y Defensa, Jorge Chavez, entre otros; donde dijo que «desde el gobierno le decimos al pueblo, la situación está controlada».
«Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, no quedarán impunes. El gobierno actuará dentro del marco de la constitución y las leyes de manera estricta y firme», refirió Boluarte, al tiempo que agregó que hubo un intento de tomar tres aeropuertos a la vez: Arequipa, Puno y Cuzco.
«Al pueblo peruano, a los que si quieren trabajar en paz y a los que generan actos de protesta les digo: no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, decirles que trabajemos por el país», comento la presidenta al hacer un balance en uno de los días más difíciles de su corto gobierno.
Pronunciamientos de Estados Unidos y Reino Unido
En tanto, las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido publicaron sendos comunicados expresando su preocupación por la cantidad de heridos y pérdidas de vidas humanas en las protestas realizadas desde diciembre pasado.
«Seguimos con atención y preocupación la situación en las últimas horas. Es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta y protejan a la ciudadanía…Invocamos imparciales investigaciones y justicia para las víctimas», señaló el comunicado de la embajada de Estados Unidos en Perú.
Por su parte, la embajada de Reino Unido en Perú, dijo que «es fundamental que las fuerzas del orden respeten los derechos humanos, el derecho a la protesta y protejan a la ciudadanía, cumpliendo con el uso proporcional y legal de la fuerza».
Una misión enviada por la oficina del alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas que dirige Christian Suárez, llegó a Lima con el fin de evaluar el estado de los derechos humanos en el país. Se espera en los próximos 30 días, que se entregue el informe de la misión dirigida por Stuardo Ralon de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas de diciembre y enero.
Mes y medio después de que tuviera inicio el estallido social en el que se encuentra inmerso Perú, el balance de fallecimientos desde el 7 de diciembre rebasa la cifra de los 50 muertos.
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