→ “La ilusión de pasar página parece lejana en el Perú y pocos se atreven a imaginar cuál será el nuevo horizonte tras la lucha anticorrupción, esa especie de periodo franco del que algún día deberíamos salir. Pero ¿realmente se sale?”.
♥ La periodista y escritora peruana Gabriela Wiener reflexiona cómo se vería y cómo podría llegarse a un ambiente “poscorrupción” en su país ante la rabia y las denuncias de politización de la justicia debido a los procesos abiertos contra todos los que han sido presidentes desde 1990 (uno de ellos, Alejandro Toledo, fue detenido hace apenas una semana).

Corrupción, ¿después de ti no hay nada?

– Los peruanos vivimos atrapados en una de esas series de televisión de jueces y abogados que no se acaban nunca. Desde que comenzaran en el Perú los juicios de Odebrecht —el caso de corrupción más grande de América Latina—, la opinión pública se organiza alrededor de las nuevas noticias sobre los flamantes imputados, las sentencias y los pedidos de extradición. Todos los presidentes que gobernaron mi país desde 1990 hasta 2018 están en la cárcel (Alberto Fujimori), en arresto domiciliario (Pedro Pablo Kuczynski), a punto de ser detenidos (Ollanta Humala) o ya detenidos, como Alejandro Toledo hace unos días en Estados Unidos.

Nunca una cuenta de Twitter tan aburrida como la del Poder Judicial fue tan seguida y retuiteada como hoy. Los programas de televisión a veces se parecen más a una clase de derecho constitucional y penal. Quienes hablan de la judicialización de la política peruana no mienten, el problema es que se trata de una frase que suele estar en boca de los propios investigados, lo que podría considerarse un intento de obstrucción de la justicia. Para complicarlo aún más, quienes deberían dirimir sobre esto, es decir, algunos jueces y fiscales, también están entre los sospechosos. Tampoco nos libramos del absurdo diario de encontrar una comisión parlamentaria anticorrupción presidida por un presunto corrupto.

“¡Hasta dónde vamos a llegar con esto de la justicia!”, veo a menudo en las redes sociales repletas de bots de cada bando, una frase que se parece mucho a aquella de los homófobos: “¡Hasta dónde vamos a llegar con tanta igualdad!”. Los que trabajan con las fake news son capaces de convertir la sola idea de justicia en un valor negativo cuando les conviene.

En este contexto, la ilusión de pasar página parece lejana en el Perú y pocos se atreven a imaginar cuál será el nuevo horizonte tras la lucha anticorrupción, esa especie de periodo franco del que algún día deberíamos salir. Pero ¿realmente se sale? Que la empresa Odebrecht admitiera haber pagado 800 millones de dólares en sobornos a gobiernos de distintos países deja un escenario moralmente devastador para el Perú y para todo el continente. ¿Qué viene después de la corrupción?

En una reflexión seria sobre un ideal estado de poscorrupción, no podemos pasar por alto la responsabilidad de la sociedad civil en estos ciclos de impunidad. Que un mismo político investigado durante años por actos ilícitos sea reelegido una y otra vez significa que en la base de la corrupción generalizada hay una idiosincrasia de la pasividad social y la connivencia con el delito que no estamos haciendo lo suficiente por erradicar.

Desde que la constructora brasileña decidió dar los nombres de las autoridades que abrieron las puertas del dinero público a sus inversiones a cambio de coimas, conceptos como “lavado de activos”, “empresas off shore” o “pitufeos” son ya parte del habla coloquial de los peruanos. Buena parte de los ciudadanos comunes, acostumbrados a una justicia que les era tan ajena como la física cuántica, ahora saben muy bien la diferencia entre una prisión preventiva y una suspendida. Saben que hay que colocar la palabra “presunto” delante de casi todo. Hasta sobrevuela entre la gente una especie de orgullo nacional por la célebre cacería de expresidentes que trasciende nuestras fronteras.

Pero eso es solo una media verdad: el sistema de justicia peruano es precario. No puede ser más simbólico que Pedro Chávarry, vinculadocon casos de corrupción y una organización criminal conocida como los Cuellos Blancos del Puerto, sea nada menos que el actual fiscal supremo del Ministerio Público. La justicia la imparten los injustos.

Que otro expresidente, Alan García, se suicidara al dispararse en la sien cuando iba a ser detenido por indicios de colusión fue un desenlace inesperado para la última temporada de la saga Lava Jato peruano. Algunos comentaron que podría causar un “efecto llamada”, como en China, donde en los últimos años algunos dirigentes políticos se han suicidado para evitar procesos de corrupción. Porque en los juicios de Odebrecht cabe de todo, hasta paridad de género y todas las ideologías: entre rejas está una política de izquierda —la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán— y Keiko Fujimori, la lideresa de la oposición fujimorista, a las que se les podrían sumar en cualquier momento dos ex primeras damas, Nadine Heredia, esposa de Humala, y Eliane Karp, esposa de Toledo.

En este sainete jurídico, un puñado de fiscales porfiadamente perseguidores se han convertido para la ciudadanía en adalides de la justicia. Su labor, con todas sus virtudes y defectos, es la revancha soñada del pueblo contra los políticos indecentes. Pero también son el blanco de furibundos ataques. La mafia se organiza y hace campañas para conseguir que la gente piense que los malos son los fiscales que investigan. Y a veces lo consiguen. El quiebre de la confianza es generalizado porque todos se victimizan: ahora mismo en el Perú hay más “perseguidos políticos” que en Caracas o Managua.

Los gobiernos dejaron hace tiempo de representar a sus ciudadanos para buscar el beneficio personal. Pero parte de las instituciones, partidos políticos y medios de comunicación próximos al poder también han hecho lo posible por apañar y custodiar el modelo económico de liberalismo a ultranza a toda costa, aunque quienes operaban desde lo político en ese sistema ya estuvieran nadando desde hace tiempo en dinero sucio.