Marushka Chocobar Reyes, quien hasta hace unos días fue secretaria de Gobierno y Transformación Digital, conversó con El Comercio sobre los motivos de su desvinculación del órgano de la PCM, y sobre los avances en sus seis años de gestión.

—¿En la práctica, podemos decir que la Secretaría tiene a su cargo el marco legal digital del gobierno y del sector privado?

La Secretaría no solamente ve la transformación digital del Estado. Tiene, a la fecha, cinco normas con rango de ley que le otorgan competencias como la Ley de Gobierno Digital, la Ley del Sistema Nacional de Transformación Digital, la Ley de Confianza Digital –seguridad digital para la ciudadanía–, la Ley del Laboratorio de Gobierno de Transformación Digital – innovación digital y todo lo que tiene que ver con desafíos de públicos con participación de la ciudadanía, y la Ley de Inteligencia Artificial, que es la que designa a la Secretaría como la Autoridad Nacional en Inteligencia Artificial en el país.

—¿Cómo se ha avanzado en eso último?

Durante mi gestión en la Secretaría buscamos fortalecer el marco regulatorio que permitiera fortalecer la gobernanza digital en el país. Esto, porque el Perú busca ser un país OCDE, y esa una de las principales recomendaciones que dio la OCDE el 2017. Yo entro a la Secretaría del 2018 […] [La gobernanza] se refleja en las normas con rango de ley que hoy respaldan la labor de la Secretaría, las plataformas que se han desplegado en favor de la ciudadanía, las plataformas e infraestructuras que habilitan la transformación digital de las entidades públicas y toda la relación entre el sector público, el privado y la cooperación internacional. En esa línea, temas como inteligencia artificial hoy tienen una prioridad de cara a los servicios para las personas. Durante esta gestión que acabo de concluir, se ha venido construyendo este camino para que la tecnología y todas las oportunidades de la tecnología se pongan al servicio de la ciudadanía. Parte de ello es la promulgación de la Política Nacional de Transformación Digital este pasado 28 de julio.

—¿Ya tenemos una ley aprobada sobre Inteligencia Artificial?

Claro. La ley promulgada hace algunas semanas y designa a la Secretaría como un ente rector y, al mismo tiempo, como una autoridad nacional. Este es el camino que debe seguir esta Secretaría, debe pasar a ser una autoridad nacional en temas digitales. Durante la pandemia los servicios públicos no estaban listos. Se había avanzado en gobernanza, se había avanzado en rectoría, pero todavía faltaban desplegar plataformas y servicios. Sin embargo, ya hay una plataforma digital única, gob.pe, que corre sobre una nube pública. Y si bien en ese momento –marzo del 2020–, las entidades públicas decían “¿cómo vamos a pasar nuestros servicios o nuestros datos a la nube pública?”, el Estado tomó una decisión que se reflejó en Decretos Supremos (DS): la Ley de Gobierno Digital y la Ley de Sistema de Transformación Digital.

—Entonces, desde el 2020, el gobierno ya cuenta con una nube pública.

Así es.

—Es por eso que, por ejemplo, podemos pagar una multa en pagalo.pe.

Es por eso que podemos desplegar servicios que no se caigan. Con servicios de nube pública pudimos, en el 2020, lanzar el pase laboral y la consulta de la vacuna. Salvo el primer bono, todo el resto de los bonos corrieron sobre nube pública, como el bono 600 o el bono Yanapay.
¿Por qué? Porque cuando uno tiene millones de personas entrando a consultar algo, la infraestructura tiene que ser sólida y escalable, elástica. Hay que ampliar los servicios para que entren todas las consultas y cuando bajan las consultas, cerrar los servicios. Eso no es posible en la nube privada, es decir, en servidores que están en los ministerios. Se ha emitido una opinión vinculante al respecto. ¿Qué significa esto? Que el Estado opte por una nube pública para los servicios de la ciudadanía y por una nube privada para el intercambio de datos e interoperabilidad.

—La interoperabilidad de la banca, con Yape y Plin, por ejemplo, ¿tiene algo que ver con la nube pública?

Claro. Yape y Plin son dos servicios digitales del sector privado que involucran transferencias de dinero y el interoperar involucra intercambio de datos de un banco a otro. Esa interoperabilidad sin duda corre sobre nube pública en varios de los segmentos hacia la ciudadanía y en infraestructuras de nube privada para lo que es, por ejemplo, seguridad digital. Ambos servicios se complementan […] Durante mi gestión, nuestro enfoque fue fortalecer la gobernanza. Alguien tenía que haber que dirigiera un órgano dentro de una entidad como la PCM en concordancia con el sector privado. Además, había que procurar que hubiera presupuesto. Al inicio no había, la Secretaría tenía menos de US$1 millón.

—Ha sido usted la primera secretaria de esta oficina.

De la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. La Secretaría de Gobierno Digital nace el 2017. Yo entro en el 2018, y seguía siendo la Secretaría de Gobierno Digital (transformación digital del Estado), hasta la promulgación de los Decretos de Urgencia 006 y 007, que son leyes que abarcan más que solamente el Estado.

—Esos decretos se aprobaron en el 2020.

Sí, en enero, dos meses antes de la pandemia. Estas dos normas hablan de la confianza digital y de la transformación digital. Recién en noviembre del 2021 se ya se modifica el ROF de PCM y se crea la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.

—¿A qué se debió su salida?

El puesto de secretario o secretaria de Gobierno y Transformación Digital, así como todas las secretarías en PCM, son puestos de confianza. En cualquier momento durante los seis gobiernos en los que he estado y con más de 15 presidentes del Consejo de Ministros, he puesto mi cargo a disposición. Las altas autoridades, tanto de la PCM como de los ministerios, toman las decisiones que correspondan. [En este caso] tomaron la decisión de invitar a otra persona. Esto es así en el sector público.

—Fue una decisión de PCM.

Es un cargo de confianza.

—La Política Nacional de Transformación Digital, publicada en 28 de julio, es extensa. Tomando una de sus aristas, ¿de qué manera este documento impulsa el comercio electrónico?

Primero, la Política busca incrementar el ejercicio de la ciudadanía digital. Todas las oportunidades que tiene una persona en el mundo digital están plasmadas en este documento de más de 1.200 páginas. Es una de las primeras políticas desarrollada y diseñada digitalmente. El documento centra toda la política pública y los objetivos prioritarios en garantizar que la persona ejerza deberes y derechos en el mundo digital. La Política tiene seis objetivos prioritarios. El primero es garantizar que tengan acceso a Internet, conectividad digital.

—¿Cómo es que esta política impulsa ello? ¿A nivel regulatorio o impulso a la infraestructura?

A la letra dice “garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital para todas las personas”. Esto se deriva en lineamientos, pero, sobre todo, en servicios. Es decir, acciones concretas que el Estado tiene que hacer para garantizar que este objetivo se cumpla. Por ejemplo, uno de los servicios es generar un ‘sandbox’ regulatorio tecnológico para que el sector privado y el sector público se pongan de acuerdo en nuevas formas de conectividad, no solo la red dorsal. Garantizar, por ejemplo, el desplegar una canasta básica digital para Grupos de Especial Protección. Esto significa que junto con el sector privado se podrán desplegar dispositivos móviles, datos, acceso a Internet en aquellas zonas donde todavía el Estado no llega.

Por otro lado, se va a lanzar un sello de accesibilidad digital. Es decir, se busca que todas las plataformas y servicios digitales garanticen que las personas puedan leer y entender lo que dice el servicio, y además, que puedan acceder y [estos servicios] sean aptos para personas con discapacidad. Cada objetivo prioritario tiene acciones concretas que luego van a los planes operativos de las entidades públicas a las que se les asocia un presupuesto.

—Así, la conectividad queda en manos del MTC.

Sí, en manos del MTC, pero también participa el Midis, el Minedu, la PCM. Esto, porque tienen intervenciones que no necesariamente dependen de la red dorsal. También participa el MEF con los mecanismos de financiamiento: obras por impuestos, asociaciones público-privadas. Hay que resolver los temas de manera disruptiva, diferente, con varias alternativas al mismo tiempo, pues el Perú es complejo geográficamente.

—¿Cuál es el segundo objetivo?

Impulsar la economía digital. Y en economía digital está el comercio electrónico con acciones muy concretas para MiPymes, sobre todo. Existe también el servicio de constitución de empresas en un día: constitución, operación y cierre de empresas en una plataforma 100% digital.

—Eso todavía no lo tenemos.

Está trabajándose. Hay avances, pero hay que terminarlo.

—¿Esto es 100% elaborado por el Estado?

Siempre es con el apoyo del sector privado, porque el sector privado forma parte del Sistema Nacional de Transformación Digital y hasta la fecha ha venido apoyando al Estado. El Estado solo no puede conectar a todo el Perú.

—¿Es el sector privado desde las ‘telco’, desde la banca?

En el caso del objetivo prioritario uno, es el sector ‘telecom’ y los asociados a las zonas rurales […] En el segundo objetivo prioritario (economía digital) participan los bancos, porque están las billeteras digitales, los pagos digitales, la intermediación de base tecnológica. También interviene Comex, por ejemplo, porque están todos los servicios de delivery y de intermediación digital como Airbnb o Uber. También la Cámara de Comercio Electrónica (CAPECE) para lo que es comercio electrónico. Ambos se complementan. En el segundo objetivo prioritario se trabaja con Produce, con la PCM y el MEF.

—¿Qué se ha logrado en el segundo objetivo prioritario hasta el momento?

La economía digital tiene cuatro grandes espacios. El primero es pagos digitales, y allí está la Asociación de Bancos (Asbanc) y todos los bancos.

—¿Las cajas también?

También. Se hizo un esfuerzo liderado con la Secretaría y Asbanc para llevar billeteras digitales en plena pandemia. En ese momento había personas que usaban la billetera para pasar dinero entre sus familias, pero no para comprar. El ecosistema no estaba abierto. A la fecha –si tengo los números frescos– se han alcanzado S/200 millones en transacciones en más de 9.000 mercados de abasto, según informes de Asbanc.

—Por transacciones digitales.

Sí, por transacciones digitales de tickets chiquitos, es decir, S/20.

—¿Se incluyen billeteras y transferencias bancarias?

No, billeteras como Yape, Plin y BIM en su momento […] Ahí, por ejemplo, las municipalidades son las que hacían que llegáramos a los mercados de abasto. Fue un trabajo entre la Secretaría, las municipalidades y el sector privado. Otra muestra del sector privado en este segundo objetivo prioritario es el avance del comercio electrónico. Según CAPECE, en el 2020 el Perú facturó US$6.200 millones; en el 2021, US$9.300 millones, y en el 2022, US$12.000 millones. Ese dinero no se concentra solamente en plataformas grandes como ‘marketplaces’, sino también en WhatsApp Business –compra rápida, tiene hasta la billetera lista–, y el ‘Marketplace’ de Facebook. Es decir, los lugares donde la gente tuvo que voltear a vender cuando se cerraron todas las posibilidades de vender físicamente. Eso es una un canal que ha quedado permanente. ¿Cuál es el reto ahí? Llegar a las provincias.

—¿Las monedas digitales todavía no se contemplan?

Están en el último objetivo. El tercer objetivo es el gobierno digital, es decir, la transformación digital del Estado. La prioridad son cinco sectores: educación, salud, justicia, seguridad ciudadana y cambio climático. En el tema de cambio climático es abrir datos para que comencemos a mirar si hay, por ejemplo, deshielo de glaciares.

—¿Qué significa abrir datos?

Publicar la información pública. Existe una plataforma que se llama Plataforma Nacional de Datos Abiertos. No sé si recuerdas en la pandemia que se abrieron los datos de las personas contagiadas, y la sociedad civil comenzó a hacer los mapas de calor. Esto es igualito, pero con datos ambientales.

—¿Es información pública y privada?

Esa información depende del sector público y el privado. Es obligatorio para el sector público abrir datos. En el sector privado no es obligatorio, pero pueden también abrir ese tipo de datos. Entonces, retomando, para el caso de educación, salud, justicia y seguridad ciudadana se trata de interoperabilidad. En la Política están, por ejemplo, los servicios que comprometen a la historia clínica digital público- privada, no solamente la pública.

—Es decir, que esté disponible la información de un paciente de una clínica.

Que se concentre en un único lugar.

—¿De acceso público?

No. En el caso de la historia clínica digital es poder tener el expediente para ayudar a las personas. Estos datos serían de titularidad del Ministerio de Salud y tendrían todo el respaldo de la protección de datos, pero tienen que concentrarse en un único lugar para que las personas tengan un mejor servicio y haya prevención.

—Y que eso esté conectado con tu DNI, con tus seguros.

Exacto […] se haga posible el intercambio seguro de datos

—¿Y en temas de seguridad?

En seguridad también hablamos de interoperabilidad. Existe una Comisión de Personas Desaparecidas. Poner un ejemplo, si alguien desaparece, inmediatamente la policía debería poder acceder a todos los datos de los hospitales para buscar a dicha persona […] Se tienen que intercambiar datos, pero faltan algunas normas con rango de ley.

—¿Sería público-privado?

Sí. Por ejemplo, cuando a alguien le roban un celular, la persona no llama a la operadora, llama a los bancos. El banco debería poder mandar el dato de que hay un celular robado a la
´telco´ (el operador) para que se bloquee la línea. Y también, poder avisarle a la marca del
teléfono. Existe un ‘kill switch’. Es decir, si alguien robó, se inhabilita el aparato.

—¿Hay realmente voluntad de parte del sector privado de colocar toda su información en la nube?

La nube pública es para servicios digitales a la ciudadanía. El intercambio de datos entre el sector público y privado no corre en nube pública, y tampoco se trata de que el sector privado deposite sus datos en el Estado. Esto se trata de intercambio de datos. Es decir, en una

plataforma única aparece “celular robado”, y el sistema debería poder jalar este dato e intercambiarlo, pero no masivamente. Esto tiene una serie de normatividad vigente para poder lograr que los datos se intercambien de manera segura con tal para darle servicios a las personas. De salud, historia clínica. De educación, lo que tiene que ver con el registro académico. De seguridad ciudadana, cuando hay personas desaparecidas, robo de celulares, e inclusive la interoperabilidad de los registros de las cámaras de seguridad, y todo lo que tiene que ver con justicia.

—Por ejemplo, las alertas en los aeropuertos.

Eso es seguridad, pero en justicia se trata de la administración de la justicia: el expediente judicial electrónico, la carpeta fiscal digital. La Corte Superior de Lima ya viene avanzado en temas de integración de su propio expediente con un único código, cosa que no existe todavía. Y, además, está tratando de usar inteligencia artificial para poder emitir algoritmos seguros para medidas de protección ante violencia contra la mujer.

—El cuarto objetivo prioritario es talento digital.

Si una persona tiene un puesto en el mercado y necesita saber de billeteras digitales, eso es lo que va a saber. Si una persona tiene que hacer un pago en pagalo.pe, eso es lo que tiene que aprender.

—Es decir, capacitación.

Sí, ahí entra el rol fundamental del Minedu. La Política llega a todos los niveles educativos.

—Se tiene que enseñar.

Se tienen que preparar los espacios de aprendizaje, se tiene que capacitar a los profesores y se tiene que expandir esto hacia la comunidad educativa […] Se necesita gente que sepa de datos, de inteligencia artificial, para que no solamente seamos el país consumidor de tecnología, sino también productores. Eso es talento digital.

—El quinto objetivo: seguridad y confianza digital.

Es responsabilidad de cada entidad pública y de cada empresa privada preservar su ciberseguridad. Pero sí existe el Centro Nacional de Seguridad Digital, creado por una ley que tiene infraestructura y equipo técnico, que es lo que estoy dejando a la nueva persona que ha entrado.

—¿Depende de la Secretaría?

Depende de la Secretaría. Este centro nacional que se ha venido implementando en el último año, y hoy da servicios de prevención, mitigación y análisis forense cuando ya ocurrió un ciberataque. Es el único punto de contacto ante la comunidad internacional cuando existe algún riesgo digital […] El sector privado puede usar los servicios del centro Nacional. Este centro está todavía en fase uno, y son cuatro fases […] Se trata de darle protección digital a los activos críticos que dan soporte a la economía. Es decir, a toda entidad pública con gran cantidad de información.

—Por ejemplo, la Reniec.

Si hackean a Reniec, hay una afectación para la ciudadanía. Lo mismo con el MEF o el Minsa.

—¿La seguridad en las redes públicas realmente existe?

Cada entidad pública tiene su nivel de seguridad, pero creo que todavía un espacio para mejorar y esto pasa también por presupuesto. Una segunda arista importante de este quinto objetivo prioritario es la protección de niños, niñas y adolescentes en Internet. El Perú está adherido al Convenio de Budapest y está adherido a las convenciones internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes para poder intercambiar datos para casos de ciberacoso o cuando desaparece un niño o una niña producto de un ‘grooming’, un ‘sexting’, un ‘bullying’ […] Se busca que el sector privado y todas las empresas de tecnología grandes puedan llegar a acuerdos con respecto al intercambio de la información para proteger a los niños. Si se detecta que hay una persona en otro país que está acosando a niños, debería poder hacer rápidamente la denuncia y se debería poder intercambiar la información […] Dentro de la política hay un servicio que se refiere a la capacitación de los operadores de justicia para la ciberdelincuencia.

—Actualmente no hay.

Todavía no hay. La política tiene que fortalecer y apresurar esta preparación de jueces y fiscales.

—El último objetivo se relaciona a innovación y uso de tecnologías emergentes. ¿Allí está el servicio de moneda digital?

Sí. Ya el Banco Central de Reserva viene viendo este tema. Durante mi gestión logré tener un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional con respecto al impulso de las monedas digitales. Así, Política marca ese camino de monedas digitales, de inteligencia artificial, de vehículos no tripulados. Estamos hablando de una Política al 2030, no se trata de visionar el Perú con vehículos no tripulados en este momento […] Ese último objetivo se relaciona a tecnologías emergentes. Es decir, Internet de las cosas o ciudades inteligentes, pero al estilo del Perú, pensando por ejemplo en Santa María de Nieva o en la selva que no tiene total conectividad.

—No deberíamos, entonces, esperar a tener el 5G para empezar a brindar estos servicios.

Tenemos que utilizar lo que tenemos. El avance de la transformación digital es multidimensional […] Esta Política es como una gran hoja de ruta […] La Secretaría ahora tiene que ejecutar. Son 82 servicios, seis objetivos prioritarios, sumado a un proyecto de inversión pública con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se ha dejado ya en el MEF por US$75 millones. Una de las cosas en las que no se ha podido avanzar es la transformación digital de las municipalidades, gobiernos regionales y locales por falta de presupuesto o porque no existen muchas personas que conozcan de estos temas. Este proyecto de inversión pública busca descentralizar la transformación digital.

—En lo que respecta a las municipalidades, ¿este proyecto busca que todos los servicios de una municipalidad se digitalicen?

Correcto. Va más allá de la modernización porque se busca que los servicios de cara a la ciudadanía se digitalicen, que sean seguros y que haya una proyección hacia los sectores productivos.

—¿Se ha dejado hecho el presupuesto de la Secretaría para el 2024?

El presupuesto lo he dejado presentado, hay que sustentarlo bien ante el MEF. Se ha solicitado alrededor de S/27 millones para mantener el equipo técnico que da soporte a más de 32 plataformas nacionales. Y, el proyecto de inversión pública que sería para nuevas infraestructuras al interior del país. Por otro lado, se tiene que mantener y garantizar la sostenibilidad operativa (que se mantenga a la gente que ha sido contratada). Y, un tema que ya no logré tocar es que la Presidencia del Consejo de Ministros debe constituir una Autoridad Nacional en Transformación Digital mediante un proyecto de ley, así como la Autoridad Nacional de Infraestructura. {elcomercio}