En estas horas de tragedia nacional, la única consigna común y salida política, es el adelanto de elecciones. Eso se ha impuesto y ha tenido que ser aceptado tanto por el Gobierno como por el Congreso. La tensión y furia de las manifestaciones -con lamentables muertos y heridos y destrucción de propiedad pública y privada-, deben ser canalizadas por un transito ordenado y constitucional, de lo contrario, esto puede llegar a un absoluto descontrol y fortalecer los extremismos con salidas anti democráticas.
1) Esta situación exige que la ciudadanía conozca una fecha cierta de elecciones lo más pronto posible y, sobre todo, el fin del mandato de los hoy representante.
2) La propuesta de elecciones el 2024, es el mejor escenario pues hay tiempo suficiente para hacer todo y bien. Pero, ese escenario perfecto tiene poco apoyo de la ciudadanía, que ha acumulado tal rechazo e ira -sobre todo con el Congreso-, que resulta inconveniente y peligroso.
3) Si hay acuerdo que debe hacerse en el 2023, podríamos tener nuevo presidente y Congreso el 1 de enero del 2024.
4) Para llegar a esa meta, la segunda vuelta podría realizarse el domingo 26 de noviembre y tener unas seis semanas de transferencia del poder.
5) De esta manera, la primera vuelta podría realizarse el domingo 15 de octubre y la fecha última de presentación de candidaturas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), como el cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) el 27 de junio. En consecuencia, la convocatoria podría realizarse incluso a inicios de junio.
6) Para alcanzar esta fecha, se deben de sacrificar algunas importantes medidas, como suspender las elecciones primarias de los partidos, en las que participa toda la ciudadanía, pues no habría tiempo. Pero, de la misma manera, tampoco se deben sustituir por las “internas” de los partidos, como sucedió con motivo de las elecciones del 2021 y 2022, que resultaron ser un fracaso (8% de participación) y que tiene impacto negativo en el cronograma propuesto y genera un oneroso gasto al Estado, pues compromete a los organismos electorales. De esta manera, los partidos se deben de responsabilizar de la selección de sus candidatos, con listas cerradas con paridad y alternancia. Finalmente, eso es lo que hicieron siempre hasta antes del 2020.
7) Esta propuesta ofrece un tiempo para aprobar algunas reformas -no muchas- y que más partidos se presenten. El Congreso debería aprobar con más de 87 votos, hasta el 31 de enero como máximo el adelanto de elecciones, y el mismo número de votos a inicios de febrero, dando inicio de manera adelantada a la siguiente legislatura. Tendríamos fecha cierta lo más pronto.
8) De inmediato, se deben de tomar necesarias medidas legales que permitan que este cronograma electoral se cumpla:
- a) suspender el artículo de la Ley de Orgánica de Elecciones (LOE) que impide modificar las leyes electorales 1 año antes de la elección.
- b) suspender el artículo que establece en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), que un candidato debe estar inscrito en un partido 1 año antes de la elección para poder postular.
- c) eliminar de manera explícita el voto preferencial pues produce un número alto de solicitudes de apelaciones y nulidades.
- d) permitir que el JNE y ONPE mantengan a las autoridades y funcionarios de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODEP) pues tiene experiencia en esta últimas elecciones regionales y municipales 2022 para no volver a construir de cero el armazón organizativo
- e) imprescindible: aprobar un Decreto de Urgencia (DU) para que los organismos electorales puedan contratar y comprar de manera directa pues, de lo contrario, los plazos de ley impedirían que este cronograma pueda cumplirse.
- f) suspender el artículo constitucional que señala que el presidente asume el mando el 28 de julio del año de la elección. Esto resultaría inaplicable.
9) Finalmente, la situación de urgencia que vive el país lleva a tomar medidas excepcionales, por lo que sería aconsejable también una medida excepcional. Estas próximas elecciones deberían permitir, por esta vez, elegir a representantes para un mandato de 2 años y medio que finalizaría el 28 de julio del 2026. Esto debido a que la premura de ahora, no permite tener un tiempo suficiente para que se discutan y aprueben reformas electorales importantes (reelección, modificación de circunscripciones, etc.) así como reformas políticas (bicameralidad, relaciones ejecutivo-legislativo, etc).
Si está de acuerdo, compártalo y, de lo contrario, plantee una alternativa que permita -considerando normas, plazos, gestión- una salida política urgente.
