– 23 municipalidades de Lima Metropolitana aún no cumplen con implementar normas contra el acoso sexual
– San Juan de Lurigancho, La Victoria, La Molina y el Rímac figuran entre las comunas sin acciones para prevenir y sancionar esta modalidad de violencia contra la mujer.

Pese a que la Ley N° 30314, para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, dada en marzo de 2015, establece la obligación de los gobiernos regionales, provinciales y locales de implementar normas y poner en marcha acciones contra esta modalidad de violencia contra la mujer, actualmente 23 de 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana aún no cumplen con la medida.

La Municipalidad de Lima se convirtió en la comuna número 20 de la jurisdicción metropolitana que, a casi cuatro años de aprobada la Ley N° 30314, pone en marcha un mecanismo normativo orientado a prevenir, prohibir y sancionar a quienes realicen y toleren el acoso sexual en espacios públicos en contra de las personas, en especial contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

“Esta nueva ordenanza incluye de manera expresa el servicio del transporte público, donde son recurrentes los casos de acoso sexual callejero, incluyendo la obligación de colocar avisos que señalen que estos actos están prohibidos”, destacó Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

Durante 2018, solo las comunas de Santa Anita, San Miguel, El Agustino y Cieneguilla cumplieron con implementar la Ley 30314. En 2017, lo hicieron Pueblo Libre, Ate y Comas. En 2016, publicaron ordenanzas Puente Piedra, Chaclacayo, Jesús María, Lince, Surquillo, Lurigancho y Villa El Salvador. El mismo 2015, cumplieron San Isidro, Barranco, Punta Hermosa. En 2013, innovaron con regulación contra el acoso los municipios de Santiago de Surco y San Borja.

Los distritos que hasta ahora no tienen ordenanzas contra el acoso sexual son Ancón, Breña, Carabayllo, Chorrillos, Independencia, La Molina, La Victoria, Los Olivos, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacamac, Pucusana, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Juan de Lurigancho, San Luis, San Martín de Porres, Santa María del Mar, Santa Rosa, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Sobre los gobiernos locales que ya cuentan con ordenanzas, la Defensoría del Pueblo ha verificado que la mayoría ha establecido la obligación para que, en locales y obras de construcción, se coloquen avisos informando que en dichos sitios se prohíbe el acoso sexual, el cual se sanciona con un porcentaje de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Sin embargo, no se cumple con la obligación de capacitar al personal, especialmente a aquel que da servicio se seguridad como el serenazgo. “La mayoría cumplió con publicar ordenanza, pero aún hay camino largo para hacer efectiva la nueva normativa”, refirió Portal.

Por ello, es importante recordar a las y los nuevos alcaldes electos la publicación de la ordenanza correspondiente y/o la adecuada implementación de estas normas, con el fin de contribuir a que los espacios públicos sean seguros para las mujeres y garanticen su derecho a una vida libre de violencia. {defensoria.gob.pe}