A más de cien días de explosión social y convulsión en el país las protestas han disminuido en intensidad. Desde la segunda quincena de marzo, se han concentrado en las distintas provincias de Puno, donde las organizaciones sociales persisten en la lucha. De acuerdo a los informes de la Defensoría del Pueblo, el día de mayor movilización fue el 17 de marzo, cuando se bloquearon 16 puntos en cuatro provincias de esa región. Mientras que los territorios quechuas han decidido un sistema de “paro seco” -un día de paro y uno de movilización a la semana-, los espacios aimaras han optado por mantener la paralización hasta la caída de Dina Boluarte. Aunque en otros lugares del país continúan desarrollándose acciones de protesta -concentraciones, vigilias, marchas, plantones-, es innegable que su fuerza ha disminuido significativamente.
Tras el tiempo transcurrido, no podía ser de otra manera. El desgaste de las economías de quienes protestan y de sus territorios pesa en forma significativa. Sectores de la población buscan volver a sus actividades diarias para subsistir. Además, hay un evidente temor a la violenta y autoritaria respuesta del gobierno, -más de 60 impunemente muertos, 1500 heridos y cientos de detenidos y encausados arbitrariamente. Por su lado, la desconfianza en todo liderazgo gremial o político nacional afincado en Lima, conduce a la afirmación de las lógicas locales que no han logrado articularse en una sola fuerza, superando las diferencias que resultan de su heterogeneidad.
La reciente encuesta del IEP muestra el crecimiento de quienes no creen que las protestas terminen con la renuncia de Dina Boluarte (53%) y de aquellos que ven difícil el adelanto de elecciones (43%), aunque una enorme mayoría (82%) siga pensando que es la salida política que el país necesita. Aunque, un elevado 67% piensa que las protestas aumentarán o se mantendrán igual. Finalmente, otro dato contundente es que apenas el 15% y 6% aprueban la gestión de la Presidenta y del Congreso, respectivamente.
En este contexto, el gobierno y el Congreso parecen seguros de durar lo necesario para “restaurar” el orden neoliberal y asegurar su control pleno de las instituciones (Defensoría del Pueblo, JNE, ONPE, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia) para organizar el futuro del país a partir de sus intereses y a su imagen y semejanza. Su ambición suena a un fujimorismo 2.0. Sin embargo, distintos sucesos indican su precariedad.
Los desastres climáticos, inundaciones y estragos causados por el ciclón Yaku, evidenciaron una vez más la debilidad del Estado, desnudaron la incapacidad del Ejecutivo y el Congreso -el primero, preocupado apenas por la foto oportunista con los pies en el barro; el segundo, lanzando una impúdica colecta de apoyo cuando simultáneamente se denunciaban sus recientes granjerías en viajes, policlínicos y rendiciones.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la gravedad de la situación, generada por un gobierno que sigue un patrón de violación de derechos humanos, con el silencio cómplice del Congreso, el Ministerio Público y la Justicia. Por ello, el Departamento de Estado Americano, las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y el New York Times, han censurado la actuación del gobierno, sin que éste se preocupe especialmente por su aislamiento internacional. Al interior del país se constata un cierra filas de la coalición derechista y autoritaria que aúpa al gobierno para clausurar el sistema político a toda opción crítica del modelo neoliberal. En ese sentido, la coalición Boluarte-Congreso ha decidido dejar fuera a quienes en las calles exigen participación política y demandan un nuevo contrato social.
Pero, no se trata solamente de la continuidad de las protestas en el sur, el eventual inicio de ellas en el norte o la presión internacional. La novedad en este escenario es la campaña lanzada desde distintos medios de comunicación denunciando varias acciones de Dina Boluarte en su reciente pasado “castillista”. Que la mayoría de “testigos” sean aspirantes a colaboradores eficaces y cercanos al anterior gobernante, indicaría la contribución de la Fiscalía a lo que parece ser una campaña de demolición de mediana intensidad, iniciada por los programas políticos del 19 de marzo y reproducida y amplificada por los medios escritos desde el día siguiente.
Esta campaña, que no busca necesariamente la cabeza de la presidenta, apuntaría a la salida de Otárola y designación de un nuevo gabinete, más directamente vinculado a los sectores que cortan el jamón. El primer ministro, preocupado por el “ruido” creciente, por el próximo informe de la CIDH sobre su visita al Perú, así como por la decisión del Congreso de darle pase a la moción de vacancia de la presidenta, optó por convocar a “ilustres” ex primeros ministros, entre los que destacaban los “demócratas” Cateriano, Del Castillo y Velásquez Quesquén. Para su desconcierto, antes que apoyo recibió la recomendación de impulsar el adelanto de elecciones para resolver una crisis política, que según los involucrados, exige diálogo y concertación y no fusiles.
En otras palabras, en el baile de máscaras de la derecha, distintos intérpretes se dan cuenta que la situación de Boluarte, por extensión de la actual coalición autoritaria, no es sostenible en el largo plazo. Difícil, aunque no imposible, que llegue al 2026. Su interés mayor es aprovechar el tiempo necesario para avanzar en un doble objetivo. Por un lado, aprobar las “reformas” que necesitan para blindar el modelo y cerrar todo espacio de acción a cualquier progresismo, siguiendo el modelo impulsado por Vox (España) en el denominado Foro de Madrid que ha tenido su II Encuentro Regional en Lima. En el I Encuentro participaron congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Acción Popular; en el programa de este II Encuentro el protagonismo corresponde a la Coordinadora Republicana, con Francisco Tudela a la cabeza. El segundo gran objetivos de estas reuniones es asegurar los intereses de las grandes empresas del país con medidas como la exoneración de las moras tributarias de las empresas más grandes del país, la generación de nuevas condiciones para la inversión minera como locomotora de un futuro crecimiento y la mejora de condiciones para el negocio de agroexportación.
Es evidente que uno de los rasgos centrales del escenario es la notoria ausencia de cualquier oposición política y de la izquierda en particular. La derecha tradicional y la derecha extrema juegan solas, significativamente empoderadas por el decrecimiento de las protestas, riéndose de la opinión pública, mostrando los dientes como lo evidencia el cierre temporal del Lugar de la Memoria decidida por el alcalde miraflorino. La derecha está segura de su capacidad para sustituir a Boluarte e incluso, aceptar el anticipo de elecciones, una vez que hayan logrado las condiciones “restauradoras” en las que está embarcada. Incluso en el escenario que la derecha está construyendo, requiere puentes con la opinión pública, que es claro no mejorará su valoración del Ejecutivo ni del Congreso.
No hay manera de convocar a elecciones generales anticipadas sin una fuerza social y política capaz de imponerlo. Así las cosas, el desafío para la movilización y su agenda es encontrar las maneras de resistir en su posición, conquistando nuevos aliados, manteniendo su presencia y construir y fortalecer su plataforma, organización y propuesta, que la mantenga en el rol protagónico que ha alcanzado.
Para las distintas izquierdas, atrapadas hasta ahora en sus disputas por capitalizar el momento a partir de sus cálculos de corto plazo, los desafíos mayores son su organización, construcción de una plataforma que permita acciones compartidas y especialmente su reencuentro y vinculación con la movilización popular. Las tareas de las izquierdas les exigen articular una oposición amplia que haga frente al régimen autoritario, totalitario, conservador, antiderechos y represivo que se ha instalado y pretende consolidarse para permanecer en el largo plazo. Vincularse efectivamente con las exigencias de la protesta social del sur, con el malestar de otras regiones y con las demandas urgentes de los damnificados de los desastres naturales, obliga a levantar propuestas concretas y un programa socialista y democrático. Por su parte, la consigna de asamblea constituyente tiene contenido estratégico porque se trata de darle contenido al nuevo contrato social que la mayoría nacional demanda y la derecha neoliberal rechaza.
