→ Defensoría del Pueblo señala que concesiones viales carecieron de transparencia en su origen y trasferencia
• En el marco del anuncio efectuado por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, referido a la anulación del contrato de concesión de Línea Amarilla, la Defensoría del Pueblo considera importante la decisión tomada porque, hasta la fecha, los montos de los peajes que viene pagando la ciudadanía no se han sustentado ni transparentado debidamente.

Desde enero del 2017 hemos expresado nuestra preocupación con relación a la situación de los peajes de Lima; y también hemos señalado que, en instancias internacionales, instituciones como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha resuelto que los contratos o las concesiones obtenidas, a través de actos de corrupción, no merecen protección jurídica.

Dada la trascendencia y los efectos de la decisión anunciada por la municipalidad, consideramos necesario que informe con claridad al país respecto de la ruta legal que utilizará para recuperar la concesión.

La Defensoría del Pueblo resalta, además, que el otorgamiento de la concesión no fue suficientemente transparente en sus orígenes y que, en ese marco, el proceso de adquisición por parte del actual operador, debió realizarse con la máxima transparencia. Ciertamente, en el actual estado en el que se encuentra la ejecución de este contrato, también es necesario observar este principio básico.

La opacidad de estas operaciones tiene directa relación con la existencia de regulaciones como la contenida en el Decreto Legislativo 1362, cuya Primera Disposición Complementaria Final dispone la confidencialidad de las evaluaciones económico-financieras utilizadas en asociaciones público privadas. Esta información económica es importante porque sirve de base para justificar el cobro de los peajes. Permitir su conocimiento abre la puerta a que pueda ser objeto de escrutinio por sectores especializados y la opinión pública.

Sobre este punto la Defensoría del Pueblo, luego de haber presentado una iniciativa legislativa que lleva más de novecientos días en el Congreso, y tras haber realizado diversas gestiones ante el Poder Ejecutivo, anuncia que, en breve, presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el referido Decreto Legislativo, que restringe el acceso a la información económico-financiera de proyectos de gran envergadura como el de las concesiones viales. Esta opacidad, en más de un caso, ha sido utilizada para facilitar hechos de corrupción.