Millones de asegurados del sector público esperan recibir sus medicinas en los establecimientos de EsSalud o del SIS, pero terminan comprándolos en boticas y farmacias privadas por problemas de desabastecimiento. ¿Qué está pasando?
En teoría, según el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) vigente, que se actualizó a partir del Decreto Supremo 023-2021-SA como parte de la política nacional de Aseguramiento Universal en Salud y la Cobertura Universal en Salud, el 98.9% de peruanos están asegurados. Es decir, en el papel, el acceso a la salud en el Perú alcanza el nivel de los países miembros de la OECD. El incremento del presupuesto del sector salud, que pasó de S/2.000 millones en 2002 a S/23.000 millones en 2022 (se multiplicó x 11), respalda, en teoría, este escenario que parece ideal.
No obstante, en un análisis más profundo de Flor de María Phillips, ex superintendenta de Susalud, publicado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su sección ‘Desafío Perú’, “el 97% de establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención (PNA) presenta una capacidad instalada inadecuada debido a la precaria infraestructura, y a un equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. (…) Estas limitaciones equivalen, en la práctica, a ‘cero acceso’ al servicio, por lo que estos asegurados no tendrían más alternativa que el gasto de bolsillo”.
Según Phillips, quien acaba de asumir la jefatura del Seguro Integral de Salud (SIS), esta realidad resulta alarmante, porque provoca que el gasto “de bolsillo” en salud en el Perú alcance el 28.3%, según las Cuentas de Salud Perú 2002-2019 (MINSA-OPS), muy superior al 15%- 20% recomendado como límite por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, alrededor del 30% de peruanos ayudan a financiar el sistema de salud.
El Estado: el principal actor en la distribución de medicamentos
Millones de afiliados a EsSalud o el SIS, que esperan recibir sus medicinas en los establecimientos públicos, terminan comprándolos en boticas y farmacias privadas por problemas de desabastecimiento. Según el especialista César Amaro, investigador y ex director general de la Digemid, el número de farmacias del Estado es el mismo que el de IPRESS públicas (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud). Es decir, en cada centro de salud del Estado, existe una farmacia que distribuye medicamentos, desde la posta, el policlínico, hasta el hospital, ya sea gestionado por el MINSA, los Gobiernos Regionales, Essalud u otra entidad sanitaria. En total, según el reporte de Susalud del 15 mayo de 2023, existen 9.660 IPRESS.
Estas IPRESS deberían atender la distribución gratuita para el 98.9% de afiliados al sector público (SIS 69% y EsSalud 29%). En este escenario, el Estado es el principal actor en la distribución de medicamentos. “Lamentablemente, la salud pública no funciona bien y eso significa que hay muchas personas llegando al sector privado porque en el sector público no hay atención de calidad y abastecimiento de medicamentos”, explica Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del IPE.
“No es real pensar que el sector público pueda proveer servicios de salud y medicinas adecuadas y de calidad. No lo podía hacer antes de que el SIS se expanda y menos lo puede hacer ahora. Tiene una demanda muy grande y, así como han aumentado los aseguramientos de salud, no ha aumentado la capacidad de gestión para poder brindar los servicios de salud de manera adecuada. La cobertura es de papel”, explica Fuentes.
Además, las dependencias del MINSA y Gobiernos Regionales reportan la menor cantidad de entregas completas, con un 60%; mientras que, el 30% corresponde a entregas parciales y el 10% a ningún medicamento entregado.
El problema es el desabastecimiento
La falla en la distribución de medicamentos, lejos de ser un problema de competencia, es de desabastecimiento en los establecimientos públicos. Tal como señala un estudio del IPE, el porcentaje de pacientes que buscó atención en farmacias como una alternativa se triplicó entre los afiliados a EsSalud, pasando del 8% en 2004 al 23% en 2022, y se quintuplicó entre los afiliados al MINSA y SIS, pasando del 6% al 32% en el mismo período. Entre los afiliados al sector privado, la cifra pasó del 4% al 9%.
Por esa razón, si bien los consumidores no están obligados a “sacar de su bolsillo” para comprar sus medicamentos en boticas y farmacias independientes o cadenas de boticas, se ven obligados a hacerlo ante la falta de medicinas por parte del sector público, generando así, diversas consecuencias:
- No atender problemas de salud hasta “sentirse mejor”.
- Agravar problemas de salud que se pudieron tratar a tiempo.
- Reducir la capacidad de gasto de las familias.
El derecho a exigir
Elizabeth Cavero, gerente general de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas (ANACAB), comentó que «nos hemos acostumbrado a esta situación y vemos como normal que el paciente deba pagar por medicinas que debería recibir gratis. Y olvidamos que las cadenas de boticas y farmacias privadas no son el problema. Existen más de 26.000 boticas y farmacias y solo el 11% son cadenas. Hoy, en medio de esta situación, ayudan a contener el problema cubriendo la demanda de una parte de la población no atendida en el sector público. Las boticas y farmacias privadas no son el problema, son parte de la solución».
Efectivamente, en Perú, de las 26,757 boticas y farmacias independientes (Digemid, junio 2022), solo el 11% pertenecen a cadenas de boticas. El resto son farmacias y boticas independientes. Gracias a esta oferta, millones de personas que no encuentran sus medicinas en el sector público acceden a medicamentos a precios competitivos, en un marco de libre mercado, donde pueden elegir entre cadenas de boticas, farmacias de barrio, entre otros.
Queda claro que no es un problema de recursos, sino de gestión pública. Porque si el presupuesto se ha multiplicado 11 veces en los últimos 20 años, la falla no está en la cantidad de recursos, sino en cómo estos se gestionan. Y, si se sigue haciendo lo mismo, el resultado será cada vez peor. {anacab.pe}
