• Una comitiva de veinte autoridades de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, de la provincia de Juli, departamento de Puno, arribaron a Lima para exigir el respeto a sus derechos fundamentales.
Ellas acudirán al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la enmienda de la sentencia expedida el 2 de marzo de 2022 que les niega el derecho a la consulta previa bajo el argumento de que este derecho no tiene rango constitucional.
Según el razonamiento de la mayoría del TC los pueblos indígenas no pueden exigir la consulta previa por medio de un proceso constitucional con una acción de amparo.
La comitiva será acompañada por la congresista Margot Palacios, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
Además, sostendrán reuniones con el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
La comitiva tiene en agenda exigir la nulidad de las concesiones mineras, demandar un informe de reconocimiento a las comunidades aimaras como parte del pueblo indígena Aymara y la protección de sus territorios como zona agrícola y ganadera.
En una conferencia de prensa desde el Congreso de la República, el 28 de abril, expondrán su rechazo a la sentencia del TC y a la concesión minera de 2000 ha que se concedió en 2005, sin consulta previa.
El 29 de abril participaran del Foro Audiencia “Hablemos de la Consulta Previa a propósito de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional”, organizado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
Posteriormente, las autoridades aimaras realizarán un plantón al frente del Tribunal Constitucional para exigir que se resuelva el recurso de subsanación a favor de las comunidades campesinas de Juli y para todos los pueblos indígenas del Perú.
También dialogarán con la Defensoría del Pueblo a fin de exigir que la sentencia del TC que niega la consulta previa sea informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otro lado, solicitan que el gobernador regional y los congresistas de Puno encabecen e intercedan en los diálogos que van a sostener con los diferentes ministerios.
Antecedente
Cabe recordar que, el 2 de marzo, el pleno del TC declaró improcedente una demanda de las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucará, de Juli (Puno), las que exigían la nulidad de concesiones mineras otorgadas sin consulta previa en sus territorios.
La sentencia Exp. N° 03066-2019-PA/TC, que dejó desprotegidos a los pueblos indígenas del país en su lucha por proteger sus derechos, fue rechazada por organizaciones campesinas, indígenas, eclesiásticas y de la sociedad civil.
Los argumentos elaborados por el TC referidos a que la consulta previa “no es un derecho fundamental”, “no tiene rango constitucional” y no puede ser protegida por amparo”, fueron refutados por IDLADS Perú y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
En ese sentido, el IDL y la asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), presentaron el 4 de marzo un “recurso de subsanación” considerando que el fallo “tiene un vicio de nulidad”.
