Tuve la oportunidad de hablar con El País sobre la demanda que 41 estados de EEUU (Demócratas y Republicanos) han presentado contra Meta (Instagram, Facebook, Whatsapp…) por ofrecer activamente servicios adictivos a menores de edad, violar su privacidad y engañar al consumidor diciendo que sus productos son seguros, particularmente para los menores, cuando no lo son.
Para mí esto es un cambio de estrategia en el esfuerzo por hacer que las plataformas se hagan responsables por los males que causan.
Los argumentos de la demanda no se centran para nada en la (§)230 del CDA americano (que establece la exención de responsabilidad de las plataformas respecto de los contenidos que circulan en ellas) y por lo tanto la intención de los fiscales es que esto no gire en torno a la libertad de expresión (hasta ahora, una estrategia perdedora en USA).
Precisamente, el cambio de estrategia es que ahora los argumentos se centran en leyes del comercio y del consumidor locales, así como a leyes federales de protección de la privacidad y datos personales del menor (Ley COPPA) y en el interés público de proteger a los ciudadanos (menores incluidos) ante prácticas engañosas, abusivas y nocivas.
Un peligro es que el juez entienda el caso en el mismo sentido que un tribunal de California que ha decretado la suspensión de una ley local, la Age-Appropriate Design Code Act (AADC).
La AADC precisamente quería limitar las habilidades de las platformas comerciales para recolectar, vender y retener informacion personal de los menores de 18 años.
Para el juez de dicho caso esto interfiere con la libertad de expresión de las plataformas de redes sociales privadas pues entiende que la garantía de su libre expresión impide que se les impogan estas restricciones y ha suspendido la ley temporalmente. Apostaría a que Meta va a usar estos argumentos en su defensa.
Este caso no está decidido y el argumento no es definitivo así que veremos qué pasa. En culaquier caso, en esta nueva demanda hecha por 41 Estados la idea es alejarse de cualquier argumento que pueda girar en torno a la libertad de expresión y ver esto como un caso de fraude al consumidor.
Más allá del peligro de multas o daños y perjuicios, el peligro para Meta es que una sentencia le obligue a detener ciertas prácticas (mantener a los usuarios en la plataforma el mayor tiempo posible, extraer la mayor cantidad de datos personales posible) centrales para su modelo de negocio.
Pensaríamos que garantizar el bienestar del menor al usar estas plataformas es un mínimo exigible, pero está claro que para Meta el dinero está por encima de todo.
Otra cosa que me ha llamado la atención al leer la demanda son los amplios pasajes suprimidos que parecen dar detalles de cómo funcionan los algoritmos de recomendación de Facebook y parecen confirmar la intención de la empresa de engañar. Esto puede indicar que hay algún otro informante estilo Frances Haugen de parte de los fiscales generales.
