» La Proposición Legislativa 99-2026-2031-CD plantea crear una red nacional integrada de videovigilancia y respuesta inmediata para conectar sistemas públicos de cámaras.
La iniciativa busca que las imágenes captadas en espacios públicos puedan contribuir a prevenir, detectar, atender e investigar delitos y faltas de manera más coordinada.
Presentada por la congresista Verónica Yonz, la propuesta abre un debate importante: cómo aprovechar la tecnología para proteger a la población sin afectar derechos fundamentales.
Una red integrada para conectar cámaras y mejorar la respuesta
La idea central es dejar atrás sistemas aislados y avanzar hacia una red capaz de intercambiar información entre las entidades que participan en la seguridad ciudadana.
Así, una alerta detectada mediante una cámara podría ser atendida con mayor rapidez, facilitando la coordinación entre operadores, autoridades y servicios responsables.
El objetivo no sería simplemente tener más cámaras, sino conseguir que la infraestructura existente funcione como parte de un sistema conectado, ordenado y operativo.
El Centro Nacional tendría un papel clave en la integración tecnológica
La propuesta contempla una articulación tecnológica mediante el Centro Nacional de Videovigilancia, Radiocomunicación y Telecomunicaciones para la Seguridad Ciudadana.
Este componente permitiría avanzar hacia una plataforma capaz de integrar sistemas de videovigilancia y facilitar el intercambio de información entre distintas entidades.
Para que funcione realmente, será necesario definir estándares técnicos, responsabilidades, niveles de acceso, mantenimiento, conectividad y mecanismos de supervisión permanente.
Videovigilancia con reglas claras para proteger los datos personales
Uno de los puntos más delicados es el tratamiento de imágenes donde aparecen personas identificables, porque esas grabaciones pueden constituir datos personales protegidos.
La propuesta establece límites para la captación y utilización de información, además de medidas como accesos diferenciados, auditoría, trazabilidad, señalización y anonimización.
También plantea impedir usos ilegítimos, como vigilancia política, discriminación, hostigamiento o seguimiento injustificado. La seguridad no debe convertirse en una puerta abierta a la vigilancia arbitraria.
Las grabaciones pueden ser útiles, pero deben conservar una finalidad legítima
Una cámara puede registrar un hecho relevante para una investigación, pero eso no significa que cualquier persona pueda acceder libremente a sus imágenes o utilizarlas para otros objetivos.
El reto consiste en asegurar que las grabaciones útiles para investigaciones policiales, fiscales o judiciales mantengan integridad, trazabilidad y preservación adecuada.
La propuesta también coloca sobre la mesa una discusión tecnológica: almacenar grandes volúmenes de video exige infraestructura, ciberseguridad, capacidad de procesamiento y recursos para su conservación.
La interoperabilidad será decisiva para que la iniciativa funcione
Integrar cámaras de distintas instituciones no significa solamente conectarlas mediante internet. Se necesitan protocolos comunes para que los sistemas puedan comunicarse correctamente.
También será necesario establecer quién administra cada componente, quién puede consultar determinada información y cómo se registran las operaciones realizadas sobre las grabaciones.
Una red nacional eficiente debería evitar duplicidades, reducir puntos débiles y permitir que la información relevante llegue oportunamente a quienes tienen una función legal determinada.
La sociedad civil debe participar en el debate sobre esta tecnología
La seguridad ciudadana es una preocupación cotidiana y legítima. Por eso, cualquier reforma tecnológica debe escuchar a vecinos, organizaciones sociales, especialistas y comunidades.
Revalorar la incidencia de la Sociedad Civil permite incorporar sus reivindicaciones y contribuciones al diseño de políticas que impactarán directamente en calles, barrios y espacios públicos.
La discusión debe buscar un equilibrio: mejores herramientas para prevenir el delito, pero también transparencia, controles, protección de derechos y mecanismos para evaluar resultados.
Una propuesta que necesita evaluación técnica, jurídica y presupuestal
La creación de una red integrada puede representar un avance importante, pero su éxito dependerá de una implementación progresiva, sostenible y compatible con las normas vigentes.
También deberán evaluarse los costos de infraestructura, almacenamiento, conectividad, mantenimiento, capacitación, seguridad digital y actualización tecnológica de los sistemas existentes.
La Proposición 99-2026-2031-CD abre así una oportunidad para discutir una seguridad ciudadana más conectada y moderna, siempre con controles que protejan a la población.
Lorgio Bello Bohórquez
Administración de Empresas / UPIGV
Evangelista Digital / IA Gobernanza Digital
- Especialista en Diseño y Facilitación de Procesos Participativos para el Desarrollo Local
- Especialista en FODAs Institucionales
- Gestor Académico – Asociación de Estudio e Innovación ELEMENTOS
- Gestor Social – Mesa Educativa, Municipalidad de Independencia
- Gestor de Desarrollo Local Concertado – LimaNorte.com
- Gestor de Gobernanza – Asamblea Ciudadana
- Gestor de Salud Comunitaria – Autor de "Agenda de Salud de Lima Norte"
- Gestor de Seguridad Ciudadana – Asociación Vecinal del distrito Independencia @LimaNorte
- Facilitación de procesos participativos de actores y beneficiarios
- Diseño y formulación de proyectos sociales y Relaciones Institucionales
- Coordinación de proyectos de desarrollo local
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Fuentes: Portal de Proyectos de Ley del Congreso, Carpeta temática de Seguridad Ciudadana, Tribunal Constitucional: videovigilancia y datos personales, Poder Judicial: normativa sobre videovigilancia, Ministerio de Justicia: acceso a grabaciones de videovigilancia