→ En Lima, dentro del grupo de los mal llamados “informales” se encuentran, principalmente, los trabajadores que provienen de otras ciudades del Perú, así como la vasta mayoría de migrantes venezolanos. Todos ellos se han visto gravemente afectados por las medidas tomadas por el Gobierno del Perú frente a la pandemia COVID-19. Pese a ello, los discursos políticos y periodísticos perpetúan y agudizan las brechas económicas y sociales producto de las dinámicas económicas nacionales.

Después de Estados Unidos y Brasil, Perú es el tercer país de América, en términos absolutos, más afectado por el COVID-19. La pandemia ha sacado a relucir todas aquellas graves falencias institucionales y brechas de desigualdad económica y social que nos aquejan desde hace décadas como país. Asimismo, ha develado al mundo la naturaleza del mercado laboral nacional, cuya composición es en 75 por ciento Población Económicamente Activa (PEA) independiente y dependiente sin contrato: los mal llamados “informales”.

El término “informalidad” (o “informales”) está más que presente en los discursos políticos y periodísticos nacionales. “El bono que aprobamos para independientes o informales, que alcanza a 780 mil hogares, a partir de mañana empieza a hacerse el pago”, declaró el presidente Martín Vizcarra en conferencia de prensa el pasado 7 de abril. “El Perú informal no espera al final de la cuarentena para trabajar”, indica el titular de una nota del Diario Gestión. “Como sector salud nosotros tenemos dos responsabilidades, una es vigilar que la apertura económica formal o informal, en este caso, es que no tenga, que no signifique un rebrote de la epidemia en la sociedad (…)”, señaló el ministro de Salud, Víctor Zamora, el 30 de mayo, desde el Centro de Comando COVID-19.

A pesar de tener coherencia entre ellos, los productores de estos discursos caen en tres graves errores:

1. Identifican a todos los trabajadores independientes y dependientes sin contrato como una masa homogénea e indiferenciada llamada los “informales” o la “informalidad”. Sin embargo, tal como establece Andrea Román Alfaro, en su artículo “¿Y si cambiamos el discurso sobre la informalidad?”, los trabajadores independientes y dependientes sin contrato pueden “laborar en empresas formales o informales y, al mismo tiempo, ser dueños de negocios, ser trabajadores asalariados o independientes, o trabajadores familiares no remunerados”. En otras palabras, al establecer la categoría de “informal” o “informalidad” para 75 por ciento de la PEA dentro de los discursos políticos y periodísticos, están borrando las diversas causas y necesidades que permitirían explicar, a través de teorías sociales, las dinámicas económicas en el país.

2. Reducen una situación económica y social estructural a una cuestión simple y dicotómica de “formalidad-informalidad”. Cuando los productores de los discursos políticos y periodísticos adjudican la categoría de “informales” o “informalidad” a los trabajadores independientes y dependientes sin contrato, están también reduciendo un problema complejo a uno simple donde la solución solo comprende procesos de formalización. Así, dentro de los discursos existentes, aquel que no se “formaliza” seguirá siendo un paria para la sociedad, un lastre con el cual todos debemos cargar. Sin embargo, ¿cómo puede ser posible que hablemos del 75 por ciento de nuestra PEA como una carga? Si se sigue perpetuando esta dualidad que tanto daño nos hace, la vasta mayoría de la PEA en nuestro país nunca podrá tener la representación necesaria para el desarrollo de políticas públicas inclusivas para todos.

Es más, por ejemplo, en el estudio conducido por el Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE, enfocado en microempresas del Cercado de Lima, se concluyó que, mientras no se ataquen los costos relevantes; es decir, los asociados a actuar dentro de la formalidad, ninguna formalización será sostenible.

3. Finalmente, entienden la “informalidad” como un problema en lugar de un espacio de oportunidad. Al borrar la heterogeneidad del 75 por ciento de la PEA independiente y/o dependiente sin contrato, y reducir su situación a un problema cuya solución son procesos de formalización o simplemente quedar “fuera del sistema”, los productores de los discursos existentes están perpetuando la concepción de nuestras dinámicas económicas y sociales como problemas, y no como espacios de oportunidad para el crecimiento y el desarrollo nacionales.

“Identificar los factores que están detrás de la baja demanda de formalidad entre las pequeñas y microempresas del país no es sencillo. Cuando se les pregunta a los empresarios sobre si quisieran formalizarse, la respuesta es, naturalmente, sí. Más del 90% valoran actuar dentro de la ley, lo que desmiente la idea de que hay una especie de sub-cultura informal que recusa la legalidad”, establece en su artículo del Diario El Comercio, el investigador principal de GRADE, Miguel Jaramillo.

Es momento de cambiar los discursos político y periodístico, y de empezar a explicar a fondo realidades complejas como la nuestra. Dejemos de perpetuar y agudizar diferencias económicas y sociales que tanto nos enferman. Veamos la oportunidad de crecer en donde otros solo ven el problema. Perú es uno de los países con más autogestión empresarial del mundo. La modernización y el desarrollo de sus micro y pequeñas empresas, junto a una adecuada representación para el desarrollo de políticas públicas inclusivas, generarían también un desarrollo micro-financiero, cultural y organizacional a nivel nacional.

Emily G. Espinoza Lewis
Periodista y comunicadora peruana con 8 años de experiencia. Ex wonkcomms en think tanks en Perú y actual estudiante de maestría en Comunicación y Justicia Social en la Universidad de Windsor (Canadá).
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Crédito de foto: Perú21

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