A pesar de que la libertad de prensa está garantizada por la legislación, los periodistas son objeto de frecuentes agresiones y hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad. El periodismo de investigación se mantiene en medios digitales, y aumenta el uso de redes sociales para coberturas en vivo, mientras que la desinformación persiste.
Panorama mediático
El panorama mediático peruano es plural, aunque en Lima, la capital, predomina una línea editorial que apoya la coalición autoritaria que gobierna desde diciembre de 2022, conservadora en lo que respecta a asuntos políticos y económicos. En los últimos años, medios que antes eran fiables se han decantado por la desinformación. El periodismo de investigación avanza en sitios digitales sin ánimo de lucro, pero es una excepción en los medios comerciales. El tabloide Trome es el periódico más vendido del país, y Radioprogramas, la principal emisora de radio informativa. Debido a la crisis política, la mayoría de peruanos se informan a través de medios locales (radios o digitales) o TikTok, mientras disminuye la audiencia de los canales de televisión en abierto.
Contexto político
En diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo dio un golpe de Estado fallido, atrapado por la obstrucción del Congreso y el afán de sus aliados por destituirlo desde su tercer mes en el cargo. Dina Boluarte lo reemplazó, en alianza con el sector ultraconservador que controla el Parlamento. El Congreso eligió nuevos miembros del Tribunal Constitucional afines y, desde un fallo de esa institución en marzo, no hay una separación real de los poderes del Estado. La polarización política se consolida. Durante las protestas a favor de nuevas elecciones, entre finales de 2022 y principios de 2023, las fuerzas de seguridad han causado la muerte de 48 civiles en tres meses, con la conformidad del régimen autoritario.
Marco legal
La Constitución de 1992 garantiza la libertad de expresión y estipula que toda acción que suspenda, interrumpa o impida la libre circulación de los periódicos es un delito. La ley sobre la transparencia y el acceso a la información es difícil de aplicar, teniendo en cuenta la debilidad de las instituciones y los conflictos de intereses políticos y económicos. Debido a las críticas de instancias internacionales sobre el aumento de la represión policial a periodistas que reportan las protestas, el Gobierno ha propuesto un protocolo de cobertura, pero éste vulnera la libertad de prensa.
Contexto económico
En 2020, la economía peruana decreció en 11 puntos de PIB y los niveles de pobreza aumentaron hasta alcanzar al 30% de la población, a causa de la pandemia. El periodismo está entre las profesiones más afectadas, especialmente fuera de la capital, donde los periodistas trabajan (sin contrato, sin seguro, ni cobertura sanitaria). Algunos medios privados han procedido a despidos por la reducción de sus presupuestos y de sus ingresos publicitarios. Los medios digitales sin ánimo de lucro también han recortado personal. Aumenta el número de freelancers, especialmente en el fotoperiodismo.
Contexto sociocultural
La opinión pública valora el trabajo de los periodistas, que han desempeñado un papel fundamental – sobre todo en los últimos años – en la denuncia de los casos de corrupción en la política y en el sistema de justicia. Sin embargo, los medios tradicionales han perdido credibilidad desde 2020, tras difundir informaciones pseudocientíficas durante la pandemia y desinformar, durante la campaña presidencial y el estallido político-social de 2022-2023.
Seguridad
Desde el cambio de gobierno, en diciembre de 2022, la policía intensificó el uso excesivo de la fuerza contra los periodistas que documentan detenciones arbitrarias, muertes y golpizas durante protestas. En ese contexto, los militares también participan en operaciones de desinformación y hostigan a periodistas no afines a su línea. Los medios tradicionales estigmatizan a los manifestantes que participaron en el estallido de diciembre, calificándolos como terroristas, y los ciudadanos agreden a periodistas de esos medios. Desde 2018, año en el que se publicaron las investigaciones periodísticas del caso Odebrecht, continúan las agresiones de turbas de extrema derecha a profesionales de la información.
